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| 28 de septiembre de 2026: Acampada en la Puerta del Sol Madrid (foto de RTVE) |
Cuando escribo estas líneas, cientos
de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol de Madrid tras la
multitudinaria manifestación contra el desahucio de Maricarmen. Al mismo
tiempo, se están produciendo movilizaciones de protesta y apoyo en otras
provincias españolas.
A mi entender, y con toda
sinceridad, este puede ser el momento oportuno para que los dos grandes
sindicatos, CCOO y UGT, junto al Sindicato de Inquilinas y otras muchas
organizaciones de la sociedad civil, impulsen movilizaciones contundentes y
sostenidas para impedir los desahucios antisociales y hacer realidad el
artículo 47 de la Constitución: el derecho a disfrutar de una vivienda digna.
Se necesitan soluciones urgentes,
tanto a corto como a medio plazo, frente a los desahucios, los alquileres
inasumibles, los fondos de inversión, los pisos turísticos y la escasez de
vivienda social. Y, sobre todo, hacen falta planes de inversión ambiciosos para
construir un gran parque público de viviendas sociales en el conjunto del país.
Tampoco es descartable promover la
posibilidad de viviendas sociales o con algún tipo de protección oficial, en
régimen de cooperativas, que son sociedades sin ánimo de lucro, donde los socios
se agrupan para promover, construir y gestionar sus propios hogares a precio de
coste, eliminando los intermediarios.
También habría que impulsar, sin
demora, que los programas electorales de las candidaturas progresistas que
concurran a las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027
incorporen propuestas concretas y viables para garantizar viviendas asequibles,
pensando especialmente en los jóvenes y en quienes hoy por hoy encuentran
enormes dificultades para emanciparse.
Y aquí conviene recordar algo que
a veces olvidamos cuando el debate se centra exclusivamente en mirar qué hace
el Gobierno de España. También es importante, pero las competencias en materia
de vivienda están ampliamente descentralizadas, y las comunidades autónomas
tienen un papel fundamental. Es decir, las responsabilidades son muchas y están
repartidas.
- El Gobierno central puede establecer la
legislación básica, impulsar planes estatales de vivienda y aportar
financiación y recursos.
- Las comunidades autónomas gestionan sus
parques públicos, las ayudas al alquiler y sus propios planes de vivienda.
- Los ayuntamientos también tienen mucho que
decir: intervienen en el urbanismo y el planeamiento, clasifican suelo,
conceden licencias y pueden promover y gestionar vivienda pública
municipal.
Por eso, no vale con mirar
exclusivamente hacia un lado. La solución exige que todas las administraciones,
cada una desde sus competencias, hagan su parte y trabajen de manera
coordinada.
Y hay algo más: cuando hablamos
de vivienda no podemos olvidarnos de los fondos de inversión, los llamados
«fondos buitre», ni de las grandes empresas propietarias. Pero tampoco debemos
olvidar, desde el punto de vista de sensibilidad social y humana, que una
vivienda es, para quien vive en ella, mucho más que un activo financiero: es su
casa. Es su barrio. Son sus vecinos. Son sus recuerdos. Es su vida.
En definitiva, la vivienda en la
que vivimos -o aquella en la que queremos vivir cuando llega el momento de
emanciparnos- es algo esencial para las personas. Garantizarla no debería ser
una aspiración, sino una prioridad.
El artículo 47 de la Constitución
establece un mandato claro. Ahora hace falta voluntad política, recursos y,
también, movilización social para que ese derecho deje de ser una declaración
constitucional y se convierta en una realidad para millones de personas.
Porque hablar de vivienda en los
tiempos que vivimos, es, en definitiva, hablar de dignidad, de igualdad y
del derecho a construir un proyecto de vida.
Francisco Naranjo Llanos,
director Fundación Abogados de Atocha (2013-2024) y sindicalista de CCOO.
P.D. Francisco Naranjo fue
presidente de VITRA-Madrid durante 15 años. Impulsada por CCOO, la cooperativa
de viviendas VITRA, construyó en sus 34 años de actividad 33.000 viviendas
protegidas en España, 9.000 de ellas en Madrid, en régimen cooperativo y a
precios asequibles. Para más información leer: La isla de VITRA.

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