¿Alguien puede imaginarse tener
87 años, haber pagado religiosamente el alquiler durante toda una vida y que,
de repente, te echen de tu casa?
Pues ha ocurrido. El 23 de
septiembre de 2026, Maricarmen, una madrileña de 87 años, con graves problemas
de movilidad, fue desalojada de la vivienda en la que había vivido durante más
de siete décadas, en el barrio de Retiro. Era el cuarto y definitivo intento de
lanzamiento, ejecutado a favor de Urbagestión, la sociedad propietaria del
inmueble. Maricarmen salió de su casa en camilla y fue trasladada en una
ambulancia del Samur.
Fue su padre quien firmó aquel
contrato de renta antigua. Cuando él falleció, la vivienda pasó a su madre y,
posteriormente, a ella. Allí siguió viviendo durante décadas, pagando cada mes,
en el último año, alrededor de 500 euros y, según ha repetido en estos días,
sin dejar de abonar una sola mensualidad.
«Yo no he dejado de pagar ni un
solo recibo de la renta», decía. Y quizá esa sea una de las frases que mejor
resumen su drama: Maricarmen no sentía que hubiera dejado de cumplir con su
parte. Había pagado durante toda su vida y, sin embargo, terminó perdiendo la
casa en la que había construido toda su historia.
Desde que el inmueble fue adquirido
por Urbagestión, Maricarmen mantuvo durante años un conflicto por el alquiler.
La renta que se le reclamaba había llegado a situarse muy por encima de los
aproximadamente 500 euros que pagaba anteriormente, una cantidad que resultaba
difícilmente asumible para una pensionista con unos ingresos de alrededor de
1.300 euros. El caso llegó a los tribunales y, finalmente, el lanzamiento pudo
ejecutarse.
Y así llegamos a la mañana del
desahucio. En la calle se habían concentrado cientos de personas. Algunas habían
pasado la noche allí intentando impedir el lanzamiento. La intervención
policial terminó convirtiendo aquella mañana en una escena que iba mucho más
allá de un conflicto entre propietario e inquilina: se discutía, en realidad,
qué lugar ocupa una persona mayor y vulnerable frente al derecho de propiedad y
frente a un mercado inmobiliario cada vez más difícil de soportar.
La policía estableció un cordón
que mantuvo alejados a periodistas y fotógrafos. Las imágenes de Maricarmen
saliendo en camilla camino de la ambulancia dieron la vuelta al país. La
periodista Silvia Intxaurrondo, en TVE, expresó su indignación ante las
dificultades para informar desde el lugar.
Maricarmen había resistido hasta
el último momento. También lo hizo el Sindicato de Inquilinos, que intentó
encontrar una solución. El Ministerio de Vivienda realizó gestiones y, según
informaciones publicadas, hubo distintas propuestas para evitar el desalojo,
pero ninguna consiguió impedirlo.
Al preguntarle cómo se encontraba
después del desalojo, su respuesta fue tan sencilla como demoledora: «Estoy
hecha polvo».
¿Cómo no estarlo? Setenta años de
recuerdos habían quedado dentro de aquellas paredes. A los 87 años, Maricarmen
se ha visto obligada a comenzar una nueva etapa de su vida lejos de la casa en
la que prácticamente había vivido siempre.
Hasta aquí, los hechos. A partir
de aquí, mi opinión.
Creo sinceramente que el caso de
Maricarmen debería ser un aldabonazo a las conciencias. Un aviso. Una
llamada de atención. Porque lo sucedido pone delante de nuestros ojos, con una
crudeza difícil de ignorar, hasta dónde puede llegar el problema de la vivienda
cuando detrás de un expediente judicial hay una persona concreta, con nombre,
edad, recuerdos y una vida entera dentro de cuatro paredes.
La vivienda se ha convertido en
uno de los grandes problemas sociales de nuestro país. Y no hablamos únicamente
de quienes pierden su casa. Hablamos también de jóvenes que no pueden
emanciparse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al
alquiler y trabajadores que tienen dificultades para vivir en las ciudades
donde trabajan.
Los datos de los lanzamientos
judiciales siguen mostrando que el problema está lejos de resolverse. En el
primer trimestre de 2025, por ejemplo, se practicaron en España 7.334
lanzamientos, según el Consejo General del Poder Judicial. Y mientras tanto, el debate político continúa.
Unos sostienen que hay que
intervenir y aumentar la regulación del mercado. Otros defienden que la
solución pasa fundamentalmente por aumentar la oferta y dejar actuar al
mercado. Pero, mientras unos y otros discuten, hay muchas personas que tienen
que decidir cada mes entre pagar el alquiler, la hipoteca o llenar la nevera.
Por eso creo que el problema no
puede abordarse únicamente desde la confrontación política. Hace falta actuar. Y
también hace falta mirar hacia atrás.
En Madrid tenemos un ejemplo que
todavía forma parte del debate público: en 2013, durante la alcaldía de Ana
Botella, el Ayuntamiento vendió 1.860 viviendas protegidas de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo a Fidere, filial española de Blackstone, por
unos 128,5 millones de euros. Aquella operación fue objeto de una larga
controversia judicial. El Tribunal de Cuentas llegó inicialmente a apreciar un
perjuicio para las arcas públicas, pero posteriormente revocó aquella
resolución y el Tribunal Supremo confirmó la absolución de Ana Botella y su
Junta de Gobierno. Una odisea jurídica.
Los hechos judiciales son los que
son. Pero el debate político sobre si fue acertado desprenderse de una parte de
aquel parque público sigue abierto. Porque ahí está, a mi juicio, una de las
claves del problema: si se dispone de poca vivienda pública, cualquier crisis
habitacional se hace mucho más difícil de gestionar.
Según el Gobierno Central, el
parque público de vivienda en España ha pasado en los últimos años del 2,5% al
3,4%, todavía muy lejos del entorno del 9% que representa la media europea. Un
3,4% es demasiado poco para un país que pretende garantizar el derecho
constitucional a una vivienda digna.
Y aquí conviene recordar algo que
a veces olvidamos cuando el debate se centra exclusivamente en el Gobierno de
España: las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en materia de
vivienda.
Deben gestionan los parques
públicos autonómicos, las ayudas al alquiler y sus propios planes de vivienda.
También los ayuntamientos tienen mucho que decir: deciden sobre urbanismo y
planeamiento, clasifican suelo, conceden licencias y pueden promover y
gestionar vivienda pública municipal.
El Gobierno Central, por su
parte, tiene capacidad para establecer la legislación básica, impulsar planes
estatales de vivienda y aportar financiación y recursos. Es decir,
responsabilidades hay muchas y están repartidas.
Por eso no vale con mirar exclusivamente
hacia un lado. La solución exige que todas las administraciones, cada una desde
sus competencias, hagan su parte.
Y hay algo más: cuando hablamos
de vivienda, no podemos olvidarnos de los fondos de inversión, los llamados
“fondos buitre” y de las grandes empresas propietarias. Tampoco podemos olvidar
que una vivienda es, para quien vive en ella, mucho más que un activo
financiero. Es su casa. Es su barrio. Son sus vecinos. Son sus recuerdos. Es su
vida.
Eso es precisamente lo que el
caso de Maricarmen nos obliga a mirar de frente.
Porque una sociedad puede tener
leyes, jueces, policías, fondos de inversión y contratos perfectamente
formalizados. Pero también debería preguntarse si, detrás de todo eso, estamos
siendo capaces de proteger a las personas más vulnerables.
Y llegados a este punto, conviene
volver al principio: ¿Alguien puede imaginarse tener 87 años, haber pagado
religiosamente el alquiler durante toda una vida y terminar saliendo de tu casa
en una camilla?
Según mi humilde opinión, sí podemos
imaginarlo. Y precisamente por eso creo que lo ocurrido con Maricarmen no
debería convertirse simplemente en una noticia más que desaparece en unos días
de los periódicos y de los informativos. Debería ser un aldabonazo a
nuestras conciencias y no un incidente mas.
Porque la vivienda no puede ser
únicamente un negocio. Es también un derecho. Lo dice, claramente, el
artículo 47 de nuestra Constitución:
“Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación”.
El mandato constitucional es
claro. Ahora hace falta voluntad política para hacerlo realidad.
Porque querer es poder. Y si de
verdad queremos que casos como el de Maricarmen no vuelvan a repetirse, los
poderes públicos deberán de dejar de mirar hacia otro lado y empezar a
trabajar, entre todos, para que el derecho a la vivienda deje de ser una
declaración constitucional y se convierta, de verdad, en un derecho efectivo.
Por Maricarmen y por tantos otros
y otras que, quizá sin hacer ruido, están esperando que alguien les ayude a no
perder su casa, espero que este tema de vivienda y habitabilidad, especialmente
difícil para jóvenes y mayores, enfile un camino que acabe con este grave y
esencial problema a corto y medio plazo.
Francisco Naranjo Llanos,
director Fundación Abogados de Atocha (2013-2024) y sindicalista de CCOO.
