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| Pegatina y cartel de CCOO de Madrid (Abril 1977) |
El 27 de abril de 1977 se
legalizó CCOO, junto al resto de sindicatos de clase. Fue, sin embargo, una
legalización con sabor amargo: apenas cuatro días después, las manifestaciones
del 1 de mayo fueron prohibidas, y quienes salieron a la calle sufrieron una
dura represión.
Aquel primer 1 de mayo de 1977,
ya con los sindicatos “legalizados”, quedó marcado como “el día de los botes
de humo”, en palabras de Marcelino Camacho. Los hechos tuvieron lugar en
Vallecas, Madrid. Según los sindicatos, cerca de 100.000 personas acudieron a
la convocatoria; el Gobierno rebajó la cifra a 6.000. La jornada derivó en
cargas policiales, carreras y el uso masivo de gases lacrimógenos por parte de
una policía aún heredera del franquismo.
Por la tarde se organizó una
fiesta campestre en el Pinar de las Siete Hermanas, en la Casa de Campo. El
ambiente fue pacífico hasta que, al final del día, la policía volvió a
intervenir. El balance de aquella jornada fue grave: varios heridos de
consideración, más de doscientos heridos en total y centenares de detenidos.
El año 1977 no había comenzado
bien. El 2 de enero falleció en accidente de tráfico Juan Muñiz Zapico,
histórico dirigente asturiano de CCOO. Apenas unas semanas después, el 24 de
enero, pistoleros de extrema derecha perpetraron la Matanza de Atocha, asesinando
a cuatro abogados laboralistas y a un sindicalista —todos vinculados a CCOO y
al PCE— y dejando gravemente heridos a otros cuatro.
Aquellos días pasarían a la
historia como la “semana negra” o “semana trágica”, reflejada en la película
Siete días de enero, de Juan Antonio Bardem. En ese mismo periodo fueron
asesinados los estudiantes Arturo Ruiz y Mari Luz Nájera, mientras los GRAPO
atentaban contra miembros de las fuerzas de seguridad.
Previamente, ese mismo grupo
había secuestrado a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de
Estado, y al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar. Todo ello formaba parte de una espiral de
violencia y provocación entre grupos armados y la ultraderecha, en un contexto
en el que sectores reaccionarios pretendían frenar el avance de la incipiente
democracia.
Con el paso de los años, diversos
estudios han señalado la complejidad de aquellos episodios, marcados por
intereses que buscaban desestabilizar el proceso democrático.
Pero, volviendo a la legalización
del sindicalismo de clase —y en particular de CCOO—, conviene recordar que el
Gobierno vinculaba estrechamente al sindicato con el PCE, cuya legalización
tampoco estaba inicialmente prevista. Sin embargo, el empuje de CCOO en la
calle, la “galerna de huelgas” descrita por Nicolás Sartorius, y su amplia
representatividad entre la clase trabajadora hicieron inviable su exclusión.
El multitudinario
entierro-manifestación del 26 de enero de 1977 por las víctimas de Atocha
resultó decisivo. Poco después, durante la Semana Santa de ese año, se legalizó
el PCE, y el 27 de abril se hizo lo propio con CCOO.
Para comprender las dificultades
que enfrentó el sindicato, basta recordar lo ocurrido en 1976. Ese año, el
Secretariado de la Coordinadora General de CCOO solicitó celebrar una Asamblea
General en Madrid, prevista para los días 27, 28 y 29 de junio, con la
participación de 2.000 delegados. El Gobierno la prohibió.
Paradójicamente, el 15 de abril
de ese mismo año, la UGT celebró su XXX Congreso con tolerancia oficial,
mientras Marcelino Camacho y otros dirigentes de CCOO permanecían en prisión.
Ante la prohibición, CCOO decidió
celebrar clandestinamente su asamblea en Barcelona el 11 de julio de 1976.
Allí, constatada la imposibilidad de crear un sindicato unitario, se inició el
debate sobre la transformación de CCOO de movimiento sociopolítico a
organización sindical.
A partir de entonces, el
sindicato adoptó una estructura sectorial y territorial. Durante el otoño de 1976
y los primeros meses de 1977, se constituyeron sindicatos de nacionalidad y
regionales mediante procesos asamblearios. Las coordinadoras de rama se
convirtieron en el embrión de las futuras federaciones estatales.
La masiva participación en el
funeral de los abogados de Atocha evidenció la fuerza social de CCOO y del PCE,
y fue, históricamente, un factor determinante en su legalización.
Así, el 27 de abril de 1977,
semanas después de la legalización de los partidos políticos, se reconoció
legalmente a los sindicatos de clase, poniendo fin a una larga etapa de
represión. Nacía de este modo, con pleno reconocimiento jurídico, la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
Su primer Congreso se celebró en
junio de 1978, en el que fue elegido secretario general Marcelino Camacho,
cargo que desempeñó hasta 1987.
Francisco Naranjo Llanos, director
de la Fundación Abogados de Atocha y sindicalista de CCOO
