Vaya mesecito de agosto de 2025 que estamos pasando. Por un lado,
las vacaciones, por otro las altas temperaturas, los incendios y por último las
competencias e incompetencias sobre la prevención y
apagado de incendios.
Ya empezamos mal el mes, con la frase sobre las vacaciones “sobrevaloradas”,
que se hizo viral y que pronuncio Alberto
Núñez Feijoo, justo el día en el que él se iba de vacaciones. Quizás sería de broma, pero sentó mal, muy
mal, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un alto porcentaje de la población
que no pude disfrutarlas. Según fuentes
oficiales el 33,4 % de los españoles no puede permitirse irse de vacaciones por
motivos económicos.
Y después de la sonada frase, vinieron el calor y la ola de
incendios, en especial en las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y
León, Extremadura, Madrid y Andalucía, con el resultado de todos conocidos: Mas
de 400.000 hectáreas quemadas, récord del siglo XXI en España y cuatro fallecidos
relacionados con los fuegos. Mis sentidas condolencias para su familia y
amigos.
Y una muy
especial felicitación a los operativos de extinción de incendios, por la importante labor que
desempeñan sus integrantes, no siempre valorada ni reconocida. En 2023, la Fundación
Abogados de Atocha les concedió su importante y preciado premio, por su inquebrantable
lucha contra el fuego.
En cuanto a los incendios de
este verano, según los expertos, al margen de las “incompetencias”, de las
que hablaremos más adelante, el hecho de haber tenido una primavera lluviosa
que hizo crecer la vegetación y el calor extremo del mes de julio y agosto,
hizo que el fuego encontrara más combustible, en forma de vegetación seca, que
no suele ser tan habitual en otros años.
Pero también,
según los especialistas, ha influido el cambio climático. Sobre todo, la
coincidencia climática de veranos muy secos y muy calurosos. Además, los llamados “cortafuegos”, que frenan
e impiden saltar a los fuegos de un lugar a otros, en esta ocasión no han
funcionado, en algunos casos por la altitud de las llamas y en otros porque no
había o no se habían mantenido como debieran.
Y al
parecer otro de los grandes motivos de los incendios que estamos sufriendo este
mes, está relacionado con el abandono del campo, pues muchas de las familias
que vivían con sus pequeños huertos o haciéndole las labores al señorito de
turno, en la España Vacía, se han cansado y se han ido a las ciudades. Y claro
el dueño de la finca, es decir “el señorito de turno”, no le resulta rentable
mantener en condiciones de prevención de incendios su campo. Se conforma tener
el cortijo a punto para sus fiestas. Ya vendrá el Ayuntamiento, la Comunidad
Autónoma o el Gobierno Central, a resolverle sus problemas.
Aclarar
que no hay que olvidar que España, desde que se aprobó la Constitución en 1978,
es un país para lo bueno y para lo malo, constitucionalmente autonómicos y por
ello, cada una de las administraciones, tiene o debe tener claramente definidas
sus competencias y responsabilidades específicas en esta materia. Sobre todo,
desde que entro en vigor en el 2003 la Ley de Montes, las distintas
administraciones deberían tener claro quién y cómo se distribuyen las
competencias.
Y en
dicho sentido hemos oído cosas más parecidas y relacionadas con una campaña
electoral, que con una oleada de incendios que estaba quemando parte de nuestro
querido país, por personas que parecen desconocer en qué país estamos y porque
reglas nos movemos. Y el problema es que quien lo dicen no se le puede tachar
de analfabetos, al margen que haya falsificado algún título que otro de su currículo
vitae.
Intentare
ser lo más neutral posible, pero no equidistante, palabra que se intenta
utilizar mucho, pero a la hora de la verdad no lo lleva a la práctica nadie.
Por supuesto, yo tampoco, pero ya lo digo antes. Después de leer lo que se dice
en los medios sobre la oleada de incendios, tengo que decir que yo, que soy
bastante adicto a las redes sociales, jamás he visto tantas mentiras y bulos
juntos, así que, dado el panorama, intentare ser lo más templado posible con el
fin de no incurrir en inexactitudes.
A mi
humilde entender, creo que en este mes de agosto ha habido dos etapas, desde
que se comenzaron a producir los incendios: los primeras quince días y a partir
del día 15. En las dos primeras semanas se hacía lo que se podía dentro de la
normalidad democrática. Las autonomías tenían los niveles 1 o 2 y el reparto de
competencias estaban más menos bien, con algunas palabras subidas de tono de que,
si los presidentes estaban de vacaciones, una con su novio en Miami, otro en
Cádiz, o desaparecido, o en Mallorca, etc. Cosas menores.
Pero a
partir del 15 todo se desmeleno. La situación en algunas comunidades estaban ya
para nivel 3, ese nivel que las comunidades autónomas o de nacionalidad no les
gusta pasar y que supone que el gobierno central se hace cargo de la gestión y
de la gobernación de la autonomía, no solo al comienzo si no también después,
eso no le gusta a nadie. (A todos solo nos gusta que si tienes una avería en tu
casa, te la arreglen y si además te dan dinero para comprar muebles nuevos, que
tu vas a elegir, “miel sobre hojuelas”.).
Y sí, a
partir del 15 de agosto fue el despelote. Las autonomías PPeras, después que su
Jefe Político, ser Feijoo, les animara, en pocas horas, todos a la vez,
pidieron, “en carta a los reyes magos”, refuerzos, -por supuesto sin solicitar el
nivel 3- tantos refuerzos, que en
algunos casos doblaba la totalidad de la reserva de la Unión Europea, Un claro
ejemplo, pero hay más, muchos más: Bruselas cuenta con 26 aeronaves, pues bien,
Castilla y León pidió 30 helicópteros, Extremadura 10 aviones y Galicia “todos
los medios aéreos de ala fija o helicópteros”.
Lo de Castilla
y León ha sido de traca: Por un lado, su presidente, señor Mañueco, reclamaba más medios al Gobierno Central y por otra tenía medios
propios detenidos. Un ejemplo del desbarajuste: A petición de la autonomía, El
Ejercito instalo camas y cenas para 200 personas en una localidad. Fueron a
cenar 20 personas, de ellas 2 turistas. Dormir no lo hizo nadie. Por cierto, el
presidente de Castilla y León fue de los que más insistió, unos días antes del
15, que en su región no necesita refuerzos, “que, con sus dispositivos,
tenían suficientes”.
Bueno,
voy terminando que esto es una crónica de un mes negro para España, no es un
libro, que supongo que se escribirá. Solo un par de cosas más. Como decía antes
el asunto de las competencias están claras en la Ley de Montes, 43/2003 de 21
de noviembre de 2003, sobre la prevención y apagado de incendios y son sin
lugar a dudas de las Autonomías. Por cierto, que cuando se aprobó esa Ley
estaba gobernando el PP y el presidente del Gobierno Central era José María Aznar.
Ahora, 22
años después, aun se cuestiona quien tiene las competencias. Hay que tener cara
dura. Un ejemplo de mala fe o de falta de memoria. En 2007, cuando Feijoo
estaba en la oposición en Galicia y gobernaba el PSOE en la Xunta, (el
presidente era Emilio Pérez Touriño),
como portavoz del PP, criticaba su capacidad para acabar con los incendios en
verano, dando por sentado que eran competencia de la Xunta. Incluso llego a
decirle en campaña electoral: "Con
nosotros no moría gente en los incendios, y con ellos, cuatro personas". Aun se puede encontrar en las hemerotecas.
En fin
espero, que se apaguen los fuegos que aún quedan por ahí, en beneficio sobre
todo de los pueblos afectados, pero por favor señores del PP+VOX, no retorzáis
las leyes. Las leyes están para cumplirlas y si no se cumplen se critican, pero
no se retuercen de manera torticera para que al final lo blanco parezca negro y
viceversa.
Ahh y
debería estar claro, pero por si acaso lo reitero, que estos temas se arreglan
remando todos para el mismo lado, es decir con planes y propuestas serias y consensuadas,
para que cara al futuro mejore la lucha contra el fuego y por supuesto, no
valen ocurrencias, como ponerles una pulserita a los pirómanos, como propuesta más
novedosa. Lo importante es lo de toda la vida: para que no haya fuegos en
verano hay que “apagarlos” en invierno, es decir prevenir, antes que curar.
Francisco Naranjo Llanos,
director Fundación Abogados de Atocha (2013-2024) y sindicalista de CCOO.
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